Asesinados 393 trabajadores de la justicia en Colombia

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La muerte del fiscal Alcibiades Libreros, a finales de diciembre, reabrió una exigencia añeja en Colombia: los jueces y fiscales que deben condenar a los delincuentes requieren seguridad para ejercer su labor.

El 21 agosto de 2019, hace apenas cuatro meses y medio, el fiscal especializado contra el crimen organizado, Alcibiades Libreros, fue condecorado por la Policía Nacional, la Dijín y la Interpol por ser uno de los mejores fiscales de Colombia.

La medalla y la estatuilla que recibió ese día eran apenas un reconocimiento más a su carrera. En 2013 ya fue nominado entre los mejores fiscales del país y en 2014 obtuvo el galardón. Al año siguiente, durante la conmemoración de los 17 años del Gaula, recibió un nuevo reconocimiento por su destacada labor mientras se desempeñó como fiscal delegado de esa unidad contra el secuestro.

Alcibiades Libreros nunca, nunca, se dejó corromper, lo que explica sus resultados contundentes contra los grupos delincuenciales organizado, dice uno de sus más íntimos allegados.

Era tal su prestigio y su experiencia en la desarticulación de bandas criminales, que incluso la DEA lo solicitó en 2019 para que adelantara una investigación sobre trata de personas. Alcibiades alcanzó a viajar a Estados Unidos, en días en los que ya sospechaba que algo le podría ocurrir.

Desde una cárcel le confirmaron que se dio la orden para asesinarlo. Tal vez por eso solicitó el traslado de su despacho a una guarnición militar. También solicitó un cambio de cargo. E insistió en que requería de un esquema de seguridad —un carro blindado, escoltas— debido a las investigaciones y las condenas que había impartido contra los miembros de las bandas al servicio del narcotráfico.

Sin embargo, no fue escuchado. El pasado domingo 29 de diciembre, en el cruce de la calle Quinta con carrera 66, en Cali, mientras conducía su carro particular, un sicario se acercó a la ventana del pasajero y lo asesinó.

Según las estadísticas de la Corporación Fasol, entidad dedicada a la recuperación integral de las familias de los funcionarios y empleados de la rama judicial y la Fiscalía que han sido asesinados, secuestrados o que están en peligro de muerte, entre 1979 y 2018 mataron a 393 trabajadores de la justicia, entre jueces, fiscales e investigadores en el país.

A 548 los amenazaron; 205 fueron víctimas de atentados; 46 siguen desaparecidos; 78 fueron secuestrados; 51 debieron desplazarse de su lugar de trabajo.

En total, Fasol reporta 1.505 “afectaciones de violencia” contra quienes imparten justicia en Colombia.

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