Expulsan de Justicia y Paz a exjefe paramilitar que reconoció dos mil crímenes

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El excomandante del Bloque Catatumbo de las AUC fue socio de los hermanos Fidel y Vicente Castaño.

Por su actividad criminal tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá expulsó a Armando Alberto Pérez Betancour, alias el ‘Monstruo del Catatumbo’.

En la decisión se cita que el exparamilitar continuó adelantando crímenes contra la población civil y agentes de la Fuerza Pública. En este sentido se señala que incurrió en una grave omisión e incumplimiento de sus compromisos ante Justicia y Paz después de entregar las armas en el año 2004.

En sus versiones libres ante ese organismo aseguró que participó en 2.500 hechos delincuenciales en esa zona de Norte de Santander. Igualmente, vinculó a integrantes de la Fuerza Pública y dirigentes políticos con ese grupo armado ilegal.

En este último punto reseñó las alianzas que se celebraron en la región, lo cual le permitió al Bloque Catatumbo de las AUC extenderse, financiarse y aumentar su poder político. En el Bloque Catatumbo consiguió el apoyo de los hermanos Fidel y Carlos Castaño.

Sin embargo, Pérez Betancour dejó de asistir a las diligencias y desapareció. Las autoridades lo vincularon posteriormente con la organización que comandaban ‘Los Mellizos’, la cual se encargaba de homicidios selectivos, extorsiones y el tráfico de droga en la frontera.

Tras ser requerido huyó a Venezuela y Panamá, donde continuó con su actividad delincuencial. La Sala señaló que por el hecho de seguir con el narcotráfico y no tener un compromiso para reparar a las víctimas su caso debe seguir en la justicia ordinaria.

‘El Monstruo del Catatumbo’ fue capturado en 2018. Las autoridades indicaron que al momento de su detención se identificó con otra cédula de ciudadanía, en un claro intento de continuar afectando el proceso de colaboración que había asumido.

La Sala le ordenó a la Fiscalía General adelantar todas las actividades para la ubicación y extinción de los bienes del exparamilitar.

En mayo de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó su sometimiento.

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